El 10 de octubre, se ha celebrado el día de la Salud Mental y como ya se introdujo en una entrada anterior, este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha querido poner énfasis en la inversión en prevención y tratamiento. Esto tiene aún más sentido en la época de crisis en la que nos encontramos inmersos, pues en lo relativo a la salud mental, mayor inversión se traduce en menor coste económico y por tanto en mayor ahorro para los países. No obstante, en países como España aún falta realizar ese cambio de mentalidad, para llevar a la práctica aquellas medidas que permitirían dar una atención mejorada a los problemas de salud mental, reduciendo así el coste económico que a largo plazo se deriva de una intervención deficitaria.
Los expertos nos ponen al corriente de el estado de la situación, quejándose de que si bien es cierto que se ha producido una mejora importantísima en el abordaje y la concepción de los trastornos mentales (pasando de los internamientos psiquiátricos a los tratammientos ambulatorios en Unidades Mentales, y del aislamiento del afectado a la integración en la sociedad), aún quedan muchos pasos que dar para lograr una intervención óptima que iría a favor de todos: De la sociedad por el ahorro que supondría y de las personas afectadas (familiares y pacientes), que verían mejorada su situación y su calidad de vida.
José María Sánchez Monge, presidente de FEAFES (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) se queja de que los recortes presupuestarios que están teniendo lugar pueden afectar seriemente la atención en salud mental. El problema radica en que cuanto más recortes, peores y menores servicios y menos personas podrán beneficiarse de ellos. Además, se corre el riesgo de que al reducirse precisamente el número de servicios, obligatoriamente se tenga que cambiar de un modelo de atención ambulatoria y continuada a un modelo centrado en la atención a las emergencias. Caer en este segundo modelo de intervención supondría descuidar, como Sánchez Monge dice, “aspectos considerados a veces "secundarios", pero que resultan indispensables, como son la prevención, la atención domiciliaria o la integración social”.
El riesgo que se corre al trabajar en función de un modelo de emergencia es llegar a lo que se llama “Síndrome de la puerta giratoria”, en referencia a pacientes que no dejan de salir de un ingreso hospitalario para volver a entrar. Este fenómeno es favorecido cuando no se ha ofrecido previamente una atención ambulatoria adecuada, de forma que precisamente se prevenga ese primer ingreso, permitiendo a la persona llevar una vida más o menos estable e integrada en sociedad. Cuando ya se produce un internamiento hospitalario por trastorno mental, la situación es más difícil de abordar (aunque no imposible) y genera mayor coste económico y mayor sufrimiento para el afectado y su familia. Lo más alarmante es que esta situación ya se empieza a detectar en algunas Comunidades Autónomas.
Los expertos e implicados reclaman no solo una mejora en la intervención, sino una extensión mayor de la misma, para que todo el que lo necesite pueda recurrir a ella. Defienden que no sólo se trata de un derecho fundamental, sino que además, la atención continuada dentro de la comunidad (a través de Centros de Salud Mental, Centros de Día, Centros de Rehabilitación Psciosocial…) resulta más económica a corto, medio y largo plazo que la limitada simplemente a "solucionar las crisis" (modelo de emergencia). Esto viene apoyado por datos como los proporcionados por la OMS, que a través de la puesta a prueba de diferentes programas ha constatado que al garantizar una atención continuada a las personas con enfermedad mental dentro de su comunidad, se reduce considerablemente el número de ingresos hospitalarios.
Los ingresos en hospital son la parte más costosa de todo tratamiento y al proporcionar una intervención continuada no sólo se estarían previniendo, sino que además se favorece que la persona goce cada vez de mayor autonomía y requiera menos servicios, convirtiéndose de esta forma en un ciudadano más activo e integrado, reduiéndo al mínimo posible la incapacidad que produce y el estigma social asociado.
La idea es que cada euro invertido en prevención serán euros ahorrados en el futuro, pues la detección e intervención temprana evita que el problema se agrave y permite tratamientos más cortos y eficaces, de manera que la persona no llegue a deteriorarse tanto en todos los sentidos, ni tampoco lo haga la familia.
En el sistema de salud de Reino Unido encontramos un buen modelo a seguir. Ya hace años (2006-2007) se plantearon el hecho de invertir en salud mental e incrementar el acceso a servicios de este tipo de manera rápida y generalizada. Así incorporaron la intervención psicológica en los servicios de Atención Primaria. Las razones eran las siguientes: Los costes económicos que suponía al Gobierno británico la falta de tratamiento de los trastornos mentales era de unos 17.500 millones de euros, relacionadas con la inactividad de las personas que se encuentran de baja y/o el pago de pensiones por incapacidad, los costes de los ingresos…; mientras que la puesta en marcha los dispositivos de terapia adecuados, suponía únicamente un coste de unos 900 millones de euros. De estos datos el Gobierno británico concluyó que las pérdidas por la falta de tratamiento adecuado de estas problemáticas, superaban las inversiones que debería llevar a cabo para poner en marcha los servicios de intervención adecuados. Las acciones emprendidas fueron lógicas: Mejorar los servicios de salud para dar soporte a las necesidades de la salud mental. En estos últimos años, los resultados han sido muy favorables, por lo que la inversión se sigue manteniendo.
En España por el contrario, pasa algo muy distinto, si bien existen leyes y acuerdos que bien podrían dar respuesta a las necesidades actuales en Salud Mental, estas no se aplican. Como explica Sánchez Monge, “En España no hace falta pensar en más leyes ni acuerdos, basta con terminar de cumplir los ya aprobados” y cita varios ejemplos: La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (documento consensuado por todas las Comunidades Autónomas), supone una excelente guía para todas las actuaciones en este ámbito. Por su parte, La Ley de Autonomía Personal, si se desarrollara adecuadamente, permitiría a las personas con discapacidad resultante de una enfermedad mental integrarse mejor en la sociedad, en lugar de meramente recibir una atención paliativa.
